Febrero 27, 2020
Esta medida se había tomado en 2017 con vigencia de 3 años. Según un nuevo Conpes, se debe extender porque aún hay rezagos.
Con el fin de asegurar la continuidad, cobertura y calidad en los servicios financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en 2017 el Gobierno a través del Conpes 3883, intervino de manera temporal la administración de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira.
Inicialmente, esta medida se tomó con una vigencia de tres años, la cual vencía el viernes pasado. Sin embargo, hace ocho días (20 de febrero) el Gobierno aprobó el Conpes 3984, mediante el cual extendió dicho plazo hasta por dos años más. En el documento se detalla que “la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinó que, a pesar de los avances de las entidades territoriales en los últimos tres años, no se ha dado cumplimiento a las condiciones para reasumir la competencia y, en consecuencia, no se han superado los eventos de riesgo que justificaron la adopción de la medida”. Por citar un ejemplo, en el Conpes explican que si bien hubo progreso en términos de garantía de la cobertura en educación, la normalización en la prestación del servicio, entre otros, ninguna de las entidades territoriales objeto de la medida obtuvo un porcentaje de cumplimiento de condiciones superior al 60%. “Esto pone en evidencia la falta de capacidad instalada de las entidades para continuar con la cobertura y prestación del servicio”, reseña el texto. Además, dice que “en el sector salud, la entidad territorial no cumplió con 19 de las 27 condiciones establecidas”. Aunque la extensión del plazo se contempla hasta por dos años, se abre la posibilidad de que esto pueda levantarse previo a la finalización de la medida, siempre y cuando se cumplan las actividades a evaluar y condiciones para reasumir la competencia de la prestación de los servicios ya citados. Cabe mencionar que los ministerios de Salud, Educación y Vivienda continuarán con la responsabilidad de competencias en la prestación de los servicios citados, con el fin de “subsanar la situación actual del departamento y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades territoriales de La Guajira”. En el texto de política pública también se explica que “en el sector de salud y agua y saneamiento básico se asumen las competencias del departamento de La Guajira; en educación de las entidades territoriales certificadas (ETC) de La Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia; en alimentación escolar las ETC de Riohacha, Maicao y Uribia, y en las doce entidades territoriales no certificadas: Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, San Juan del Cesar, Urumita y Villanueva”. Según Nemesio Roys, gobernador de La Guajira, el tiempo de la extensión de la medida es excesiva y no están de acuerdo con ello. Sin embargo, dijo que “como nueva administración departamental, ratificamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para cumplir lo antes posible con los indicadores restantes, de tal forma que se puedan ir levantando las intervenciones progresivamente y antes del nuevo plazo establecido”. Además resaltó que “el sector que tiene un mayor nivel de cumplimiento es el de educación, en el que pronto podemos estar en el levantamiento. En el tema de salud tenemos un punto crítico, que es la auditoría de cuentas para determinar el monto total de la deuda que tiene el departamento y, con ese poder, aplicar a la Ley de Punto Final”. En esta misma línea, el Gobernador dijo que respecto al asunto del agua este representa varios retos “por la implementación del programa Guajira Azul, ver cómo se llega con distintos sistemas al desierto donde tenemos comunidades indígenas (...) Queremos estructurar una empresa de servicios públicos que garantice la prestación, pero que también esté en la capacidad de manejar distintos sistemas de agua potable en la alta Guajira”. OTROS DATOS DE LA EXTENSIÓN De acuerdo con lo mencionado en el Conpes, en total la medida tiene un valor de $22.827 millones hasta 2022. De estos recursos requeridos, el 41,9% corresponden a las necesidades del sector de educación con $9.580 millones, seguido por el servicio de agua potable y saneamiento básico con el 36,1% de estos ($8.242 millones), salud con el 14,3% ($3.274 millones) y, por último, alimentación escolar con el 7,5% ($1.731 millones). “Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 028 de 2008, y lo reglamentado por el Decreto 1068 de 2015, la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral se financia con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación. Para este fin, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará anualmente los recursos requeridos para el efecto”, reseña el Conpes. Cabe indicar que en el costo de esta medida se incluyen gastos de viaje y desplazamiento del equipo técnico de cada cartera que se encarga de coordinar y apoyar a las entidades territoriales que sean de su competencia. Por ejemplo, para el caso del Ministerio de Educación, este apoya las actividades de la Secretaría de Educación en el área administrativa y financiera, jurídica, contractual y control interno con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de las ETC, condición necesaria para reasumir la competencia. Para el caso del sector de agua potable y saneamiento básico, a cargo del Ministerio de Vivienda, los conceptos incluidos en los gastos de la medida son recurso humano (tiquetes y viáticos), administrativos (papelería, arriendos, póliza), funcionamiento (equipos) y de fiduciaria. Valerie Cifuentes M.
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