En Colombia cerca de tres millones de personas no reciben agua. El dato, del Ministerio de Vivienda, muestra un panorama que se torna más aterrador cuando se revisan las cifras de Buenaventura, San Andrés, Ciénaga, Quibdó, Riohacha, Fonseca, Barrancas y Distracción, pues el indicador de pérdida del líquido varía entre el 60 % y el 90 %.
En estos casos, sus pobladores no toman agua potable con el café de la mañana y el fenómeno está asociado a infraestructura obsoleta, sistemas de acueducto deficientes, daños o manos criminales que roban el agua, como sucedió en Santa Marta (Magdalena) hace un mes, donde la Fiscalía y el Ministerio encontraron que delincuentes captaban el agua de las tuberías. Aunque suene extraño es una realidad. Se roban el agua.
No obstante, en las ocho regiones mencionadas, el Ministerio es prudente al señalar que “no podemos asegurar que exista robo de agua”, pues es necesario que “se surta una investigación formal de las autoridades competentes que dicte la última palabra”.
Santa Marta tiene sed
Las autoridades lograron ubicar dos inmuebles, que eran empleados por una red criminal para robar el líquido en la capital del Magdalena, donde hasta el 70 % de sus habitantes sufre por no recibir agua en su casa todos los días.
En el primer inmueble, según el Ministerio, encontraron un pozo para explotar el líquido. En el segundo predio, los investigadores de la Fiscalía encontraron dos válvulas de conexión ilegal al tubo de la empresa de acueducto.
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, señaló que las pérdidas técnicas de agua, es decir, por daños o fugas, en América Latina, se promedian entre el 20 % y el 35 %, pero en el país hay casos en los que el registro asciende hasta el 90 %, como en los ocho municipios mencionados.
Además, citando a la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio señala que se debe tener en cuenta que este tipo de pérdidas se desagregan en dos líneas: pérdidas técnicas o reales, “que hacen referencia al volumen de agua que sale de las infraestructuras de suministro y distribución de forma no deseada y por puntos no contemplados, debido a fugas, altas presiones, roturas en la tubería, entre otros”; y las pérdidas comerciales, “que hacen referencia a conexiones clandestinas, errores en la micromedición, derroche de agua, entre otras”.
La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) también planteó la necesidad de “erradicar las conexiones ilegales” y destacó que seguirán trabajando para “garantizar la adecuada operación del servicio público en la ciudad”.
El caso de Santa Marta, si se quiere calificar, es la insignia de este delito, pues se logró demostrar la existencia de una red que se dedicaba a conectarse ilegalmente a las tuberías del acueducto de esta ciudad que, vale recordar, vive una crisis a causa del déficit hídrico. En abril pasado, cerca de 500.000 habitantes que viven en 180 barrios, de los 370 de la ciudad, recibían el líquido en carrotanques.
El Ministerio agregó que por cada litro por segundo que se roban, 432 personas por segundo no reciben agua en sus casas. Para dimensionar lo que representó el hurto del líquido en Santa Marta, donde el robo ascendió a 80 litros por segundo, los afectados, en total, fueron 34.631 ciudadanos durante cada segundo.
El vicefiscal General, Jaime Camacho Flórez, indicó que dos personas fueron capturadas por estos hechos. Por su parte, el ministro calificó este actuar como un “delito miserable” por el modus operandi de la banda, pues los delincuentes instalaban válvulas ilegales, tomaban el agua y luego la vendían a las familias que no podían obtener el suministro que, resulta obvio, “son los más pobres”.
Pagan para consumir
Aunque tres de los municipios mencionados por el Ministerio son de La Guajira, esta situación también sucede en Maicao, ubicado a unos 77 kilómetros de Riohacha.
Ángel María Solano, de la Veeduría de Salud, señala que a pesar de los recursos que se han invertido a través del Plan Departamental de Aguas, “los esfuerzos han sido insuficientes o puede que los hayan desviado”, asegura Solano, al recordar que la Fiscalía, en octubre de 2016, abrió indagaciones por este plan, incluyendo los acueductos de Camarones, Manaure y Uribia; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.
En el sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento Camarones, en Riohacha, la Fiscalía estableció que “la obra fue terminada, pero no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo y al parecer se presentaron sobrecostos”.
Solano explica que en el barrio Santa Isabel, donde vive con su esposa y tres hijos, cada día de por medio tiene que caminar las calles empolvadas para caminar hasta el carro que llega a vender los “botellones”, de cinco litros, que le sirven para alimentarse en casa, “porque el agua que llega, cada 15 días y por horas, no es apta para el consumo humano”, comenta Solano, quien lamenta que aún no tengan derecho a un servicio básico como abrir la llave del grifo y que el agua salga de manera constante y pura.
Por ejemplo, dice, “compro un botellón que nos dura día y medio y vale $3.000 pesos, es decir, son $45.000 al mes”, aunque su reclamo, más allá de que le toca caminar y comprar el agua para su familia, se enfoca en que el recibo le llega mensualmente por otros $30.000. “Somos más o menos 2.000 personas en este barrio que sufrimos, pero es una realidad que vivimos todos en Maicao”, agrega Solano.
No es un problema exclusivo de Magdalena ni La Guajira, así también lo plantea Marino Córdoba, líder de negritudes en el país, quien relata que este es uno de los temas que más afecta a los grupos étnicos. Esto plantea otro escenario en el que el agua potable se convierte en una ilusión: el departamento de Chocó. “Tienen las fuentes hídricas, hay riqueza de agua, pero no tiene un tratamiento adecuado para el consumo”.
En el Aburrá
Del fenómeno nadie se salva. En el caso de EPM, de acuerdo con Santiago Wilches, jefe de la Unidad de vinculación y desarrollo urbanístico de aguas, las pérdidas en el Área Metropolitana representan el 31,3 % del total del agua que sale de las plantas (ver gráfico).
De este porcentaje, la mitad corresponde a robo o fraudes. “El indicador que tenemos, a nivel de ciudades grandes, es bueno; sin embargo representa que la tercera parte de la producción se pierde”, explica Wilches.
El funcionario agrega que entre los principales responsables de esto se encuentran lavaderos de carros o tintorerías; conexiones ilegales, modificación de los contadores de agua o los asentamientos, donde las familias que llegan a construir de manera irregular, se conectan de manera fraudulenta a las tuberías para tener servicio de agua.
“Hace 10 años teníamos pérdidas del 38 % y, a través de acciones y campañas, como la formalización de los lavaderos de carros, por ejemplo, hemos logrado reducir ese indicador y, en el caso de asentamientos, tenemos el plan Unidos por el agua o el esquema de agua prepagada”.
En cuanto a zonas, explica el funcionario, la Comuna Nororiental es la que representa más altos niveles de robo de agua, “que puede llegar al 70 %” del total de los 45,4 millones de metros cúbicos de agua hurtada. “Hay viviendas que consumen el servicio, pero no es facturado”.
Radiografía del fenómeno
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao sostiene que los proyectos, tanto de acueducto como de alcantarillado corresponden a un asunto integral y que, por ejemplo, cuando estuvo en el cargo, se encontró con proyectos que desde el estudio de viabilidad se veía que estaban mal estructurados o con “malos diseños”.
Recuerda casos como el de Bello (Antioquia), Soledad (Atlántico) o Soacha (Cundinamarca), en los que, entre otros, se halló mal diseño de las iniciativas. “Una red matriz no iniciaba cerca a una fuente de abastecimiento o no terminaba conectándose a nada. Los contratistas hacían obras con tubería de mala calidad”, recuerda Henao.
Frente a esta denuncia, Julio Aguilera, excomisionado de la Comisión de Regulación del Agua Potable (CRA) detalla que las pérdidas tienen implicaciones en las finanzas de las empresas y pone de ejemplo que si una persona tiene 100 almuerzos para vender, pero le roban 70, “no tiene ni cómo recuperar los costos para proveer el servicio”.
Coinciden en que debe haber una mayor valoración de lo que representa el agua, más allá del costo del metro cúbico que se cobra en el recibo, pero, de acuerdo con Aguilera, “solo se percibe cuando no la tenemos”.
Al respecto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarollo y exdirector del Departamento Nacional de Planeación, califica este panorama como “una tragedia” que debe llamar la atención de las autoridades, tanto locales como nacionales, pues es fundamental profundizar los incentivos y sancionar a las empresas que incumplen con los estándares para reducir, paulatinamente, las pérdidas técnicas: “El país no puede continuar dándose el lujo de mantener altos porcentajes de pérdidas en algunas zonas del país”. Es necesario precisar, y plantear la preocupación, porque en la cobertura de acueducto es del 97 % en zonas urbanas, pero apenas llega al 73,8 % en las zonas rurales.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el programa “Agua al campo”, presentado en agosto pasado, buscará cerrar las brechas en este sector de la población y, así, cumplir con las metas de los objetivos del milenio, para que la sed no siga afectando, como sucede ahora, a las comunidades más pobres de Colombia.
Fuente: https://www.elcolombiano.com/colombia/robar-agua-negocio-que-les-da-sed-a-los-pobres-GA11995047
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