Reforma al Sistema General de Participaciones: un paso clave hacia la equidad territorial
- boletin028
- 30 may
- 2 Min. de lectura
Con la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el Congreso de la República dio un paso significativo hacia un modelo de país más equitativo y descentralizado. Esta reforma busca que municipios y departamentos reciban una mayor proporción del presupuesto nacional, con más autonomía para decidir cómo invertirlo, principalmente en los sectores de salud, educación y saneamiento básico.
Uno de los cambios más relevantes es el aumento progresivo de los recursos del SGP, que pasarán del 20 % actual al 39,5 % en un periodo de 12 años. Esta modificación no solo implica más recursos para las regiones, sino también un cambio de enfoque: ahora, las autoridades locales tendrán mayor capacidad para adaptar las inversiones a las realidades específicas de sus comunidades, aunque los recursos mantendrán una destinación sectorial.
“El Sistema General de Participaciones es la plata que la nación gira a las regiones. Es con esa plata que alcaldes y gobernadores financian servicios esenciales. Gracias a esta reforma, ahora tendrán más recursos y mayor capacidad de decisión”, explicó el politólogo Santiago Hernández.
Durante décadas, los gobiernos locales han recibido transferencias con restricciones estrictas sobre su uso, lo que limitaba su capacidad para responder a las prioridades de sus poblaciones. “Llevamos 30 años diciéndoles a los alcaldes qué deben hacer, pero sin darles ni la plata ni la flexibilidad necesarias. Con esta reforma empezamos a corregir eso”, agregó Hernández.
La reforma reconoce que los desafíos no son iguales en todo el país. Mientras algunas regiones enfrentan déficits críticos en educación, otras lo hacen en salud o acceso a agua potable. Esta nueva lógica de distribución permite avanzar hacia una verdadera descentralización, en la que las decisiones importantes se tomen más cerca de la gente.
Además, esta transformación es solo el primer paso. “La idea es avanzar hacia una nueva ley de competencias que defina con claridad qué debe hacer la nación y qué deben hacer las regiones. Esta reforma fue el primer paso: cambiar la fórmula para repartir mejor los recursos”, señaló Hernández.
Aunque la transición al nuevo modelo tomará más de una década, ya se vislumbran efectos positivos, especialmente en los territorios históricamente más afectados por la pobreza y la exclusión estatal. En esencia, esta reforma no solo redistribuye el presupuesto: redefine la forma de gobernar, dándole a las regiones las herramientas necesarias para construir soluciones locales a problemas locales.
Comments