La iniciativa busca modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” con el fin de asignar de recursos constantes, suficientes y progresivos a las Instituciones de Educación Superior Públicas.
La propuesta fue radicada en el Congreso de la República el pasado 26 de julio para iniciar el trámite legislativo. Los principales ponentes de esta reforma son:
Luis Alberto Albán Urbano Representante a la Cámara por el Partido Comunes
Julián Gallo Cubillos Senador de la República por el Partido Comunes
Omar De Jesús Restrepo Senador de la República Partido Comunes
Pablo Catatumbo Torres Senador de la República Partido Comunes
Sandra Ramírez Senadora de la República Partido Comunes
Jairo Reinaldo Cala Representante a la Cámara Partido Comunes
Pedro Baracutao Representante a la Cámara Partido Comunes
Carlos Alberto Carreño Representante a la Cámara Partido Comunes
Imelda Daza Cotes Senadora de la República Partido Comunes
Germán Gómez Representante a la Cámara Partido Comunes
El proyecto de ley presenta la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992,buscando aumentar el financiamiento de las Universidades públicas, instituciones que en la actualidad reciben apropiaciones que se incrementan anualmente teniendo en cuenta el 30% de variación del PIB por cada vigencia. No obstante, estos recursos llevan años siendo insuficientes, por lo que se ha generado un déficit permanente en las Instituciones de Educación Superior y esto ha ocasionado el descontento de muchos jóvenes que reclaman acceso universal a la Educación Superior.
Con el inicio del nuevo gobierno y considerando sus planes en el campo de la Educación Superior, la reformulación en el mecanismo de asignación de recursos a las Universidades oficiales es casi un hecho. Lo que propone la reforma al articulo 87 es una nueva ecuación que integra, no solo la variación anual del PIB real, sino que también considera variables importantes como el ICES (Índice de Costos de la Educación Superior, el cual es calculado por el DANE) y la variación en la Cobertura de las instituciones, además de adicionar un 1% fijo en el tiempo. Con lo anterior, se pretende que los recursos para las universidades sean constantes, suficientes y progresivos.
Adicionalmente, se adhiere un nuevo articulo a la ley 30, que plantea un plan de saneamiento de pasivos. De igual manera, se establece que El Consejo de Educación Superior, el Sistema Universitario Estatal, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñarán los mecanismos de distribución de recursos para las instituciones de educación superior públicas, teniendo en cuenta: número de matriculados, calidad, aumento de cobertura, investigación, reducción de deserción, y mejoras en materia de equidad de género e inclusión social.
En conclusión, esta es una iniciativa que podría llegar a mejorar el servicio que prestan las Universidades Públicas y que le permitirían a muchos jóvenes materializar su derecho a la educación. No obstante, también se debe buscar, desde el gobierno nacional, la regulación de estos recursos una vez sean transferidos a las instituciones, exigiendo controles fiscales y resultados en materia de cobertura, permanencia, inclusión y calidad.
Fuente: https://ascun.org.co/agenda_legislativa/proyecto-de-ley-054-de-2022-camara/
Comments