Los congresistas de la Comisión VI aprobaron, este miércoles 19 de febrero, un Proyecto de Ley que representa un avance significativo hacia la consolidación de un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior. El articulado propuesto tiene como objetivo reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de corregir la deuda histórica con la educación superior pública. Para ello, se modificará la fórmula y la metodología utilizadas en el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior (IES), buscando así garantizar su sostenibilidad financiera.
Ciertamente, esta iniciativa legislativa es uno de los proyectos más esperados por el sector educativo, ya que permitirá fortalecer la cobertura, la calidad y el acceso a la educación superior, garantizando recursos para infraestructura, desarrollo institucional y financiación para las instituciones técnicas y tecnológicas. Además, se anticipa su pronta aprobación debido a la necesidad urgente de rescatar a las universidades públicas del déficit presupuestal que han arrastrado durante años, provocado por la diferencia entre el cálculo que se aplica anualmente para los incrementos de su presupuesto, el cual actualmente se tasa con el IPC, es decir, sin considerar la inflación. No obstante, los costos de estas instituciones aumentan anualmente a un ritmo superior al del IPC.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Sexta, Pedro Flórez, señaló la importancia de la iniciativa legislativa y la participación de los distintos actores del sector educativo
"Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública", destacó.
Asimismo, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín resaltó que esta propuesta representa un gran paso para aportar al desarrollo del país a través de una educación superior más equitativa y robusta
"Estamos comprometidos con una transformación estructural que garantice los recursos adecuados para las universidades y que, a su vez, contribuya al crecimiento del país", indicó el jefe de la cartera.
¿Qué busca el Proyecto?
El proyecto busca transformar el esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia para afrontar de manera integral los desafíos financieros que enfrentan las IES del país. Si bien, como se mencionó anteriormente, esto se realizará por medio de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en lo referente al financiamiento de las universidades y las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluyendo los establecimientos públicos del orden territorial en los que la nación no concurre para su financiación.
¿Cómo funcionará el modelo de financiación?
Los aportes a las universidades y a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución y se ajustará de acuerdo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales, calculado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Si el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes de Presupuesto General de la Nación se ajustará con base en la variación del IPC.
Se garantizará la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes y lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, con recursos adicionales a la base presupuestal.
Se dispondrán recursos adicionales para el aumento de la base presupuestal de funcionamiento de las IES públicas, así como recursos de inversión para incrementar la capacidad instalada de la educación superior pública.
El Presupuesto General de la Nación asignará recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto, calculado por el DANE, en el primer año de aplicación de la Ley. Estos recursos establecerán la base presupuestal para las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluyendo los establecimientos públicos del orden territorial.
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