03 de diciembre 2019
Funcionarios de alto y mediano nivel de la Superintendencia de Salud están indignados por la decisión de la entidad de contratar a una consultora para realizar hasta 950 estudios de seguridad en la entidad, en un plazo de mes y medio.
“Además de los antecedentes normales, nos van a pasar por Lista Clinton, por el listado de terroristas y nos van a someter a visitas domiciliarias con registro fotográfico. También van a recolectar información sobre miembros de nuestra familia, incluidos los que no viven con nosotros”, le aseguró a este diario un funcionario y así se lee en el contrato firmado con la empresa Cosinte Ltda.
EL TIEMPO tuvo acceso al documento, suscrito por la Secretaría General de la entidad, el pasado 30 de octubre, y en este se señala que, además de consultar antecedentes y de verificar la autenticidad de los estudios académicos, se va a revisar el entorno en el que viven los funcionarios.
El rastreo incluye hasta comparendos de tránsito, procesos civiles y de familia y hasta una verificación en lo que llaman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“El Área de Talento es la encargada de realizar esas verificaciones. No entendemos qué norma constitucional o legal faculta al señor superintendente a ordenar que un tercero, no servidor público, realice visitas a nuestros domicilios y pueda revisar información que por ley es reservada sobre nuestra intimidad”, se preguntan varios funcionarios y así se lo han hecho saber al superintendente Fabio Aristizabal.
Y agregan que no les están pidiendo ni consentimiento ni autorización para realizar los estudios de confiabilidad y de seguridad. Uno de los quejosos es Hernando Quevedo Martínez, de la delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. Algunos de los empleados no entienden por qué se les califica de candidatos a cargos si son servidores públicos vinculados a la Supersalud. A las protestas por esta decisión se unió el sindicato de trabajadores de la entidad, cuya cabeza le pidió explicaciones a la Secretaría General.
EL TIEMPO conoció una respuesta no oficial en la que se asegura que la entidad requiere hacer una planeación previa de la provisión de la planta, producto de un rediseño.
“Con el fin de adelantar el alistamiento necesario para la vinculación de los funcionarios a la planta de personal se evidencia la necesidad de la realización del estudio de verificación de información personal”, le respondieron al sindicato.
Y agregaron que se busca establecer un medio técnico para medir las calidades personales de los candidatos, con fundamento en la Ley 909 de 2004, que regulan la carrera administrativa, entre otras normas citadas.
Además, se asegura que en otras entidades se ha adelantado el mismo procedimiento. Y cita al Icetex, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Secretaría General de la Alcaldía y hasta en la Dirección General Marítima (DIMAR).
Se estima que durante la ejecución del contrato, que va hasta el 20 de diciembre, se realizarán hasta 950 estudios de seguridad, de acuerdo con la planta actual y la planta que sea aprobada para el llamado rediseño de la entidad. La planta aprobada a la fecha es de 715 cargos y se espera que aumente 235.
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