Municipios enfrentan retos financieros por la atención de personas privadas de la libertad
- boletin028
- 16 may
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En cumplimiento de los mandatos legales relacionados con la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad (PPL), los municipios colombianos están asumiendo crecientes compromisos financieros que afectan directamente su capacidad de inversión en otras áreas prioritarias. Así lo manifestó el alcalde de Monterrey, Casanare, Alejandro Ballesteros, al detallar las acciones que ha tenido que implementar su administración para atender esta responsabilidad.
Durante 2025, el municipio de Monterrey ha destinado aproximadamente 110 millones de pesos mediante la suscripción de 12 Documentos de Planeación y Seguimiento (DPS), firmados el pasado 28 de abril. Estos compromisos se dan en el marco de una sentencia que exige garantizar los derechos fundamentales de las PPL, en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
“Cumplimos con una obligación legal, pero lo hacemos en medio de importantes restricciones presupuestales. En muchos municipios pequeños como el nuestro, el presupuesto anual apenas supera los 10.000 millones de pesos, y una sola obligación como esta puede consumir el equivalente a más del 1 % de nuestros recursos disponibles para inversión”, señaló el mandatario local.
Monterrey hace parte de un convenio regional con Villanueva, Tauramena y Sabanalarga, mediante el cual se han comprometido alrededor de 194 millones de pesos adicionales para cubrir la alimentación y manutención de personas indiciadas y sindicadas, incluyendo menores y adolescentes bajo custodia del sistema de responsabilidad penal juvenil (CESPA y CRA). Este esquema regional busca hacer más eficiente el uso de recursos, pero no elimina el impacto fiscal que representa para las alcaldías.
“En Monterrey no contamos con un centro carcelario permanente, pero aun así hemos atendido a 22 personas privadas de la libertad durante este año en el centro de atención transitoria, garantizándoles su manutención. Estos costos, aunque invisibles para la opinión pública, son significativos para las finanzas municipales”, agregó Ballesteros.
El alcalde también advirtió que el actual modelo de financiación presenta desajustes estructurales, dado que los entes territoriales deben cubrir con recursos propios obligaciones que, en principio, están asociadas al sistema penitenciario nacional. En ese sentido, propuso abrir una discusión técnica e institucional sobre la corresponsabilidad fiscal entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.
“Estos recursos podrían estar destinados a obras de infraestructura, programas sociales, educación o reactivación económica. Sin embargo, por mandato legal, deben ser canalizados hacia la atención de personas privadas de la libertad, muchas de las cuales aún no han recibido sentencia”, enfatizó.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado a revisar el esquema de cofinanciación entre los distintos niveles de gobierno, teniendo en cuenta que el INPEC también enfrenta restricciones presupuestales que limitan su capacidad operativa. “La solución debe ser estructural, y debe partir del reconocimiento de que la justicia y la dignidad de las personas no pueden recaer exclusivamente sobre los municipios más pequeños y con menor capacidad fiscal”, concluyó Ballesteros.
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