Desde agosto de 2022, el Movimiento Nacional Indígena (ONIC), en representación de 115 pueblos indígenas de Colombia, había promovido el proceso de dialogo con el Departamento Nacional de Planeación para que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) fuera consultado con la población indígena, respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada en la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Más de 7 mese después, y durante el primer debate en el Congreso de la República sobre el PND, el legislativo indígena advirtió la omisión de los artículos 31, 160 y 290 en el documento, los cuales hacen referencia al catastro indígena; la regulación de condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas; y la habilitación de requisitos diferenciales en los procesos de licitación pública como medida de acción afirmativa para incentivar la participación de las comunidades étnicas - afros e indígenas.
Para los líderes y las organizaciones indígenas este acto se considera una discriminación estructural e histórica y una violación al derecho a la consulta previa, pues los más de 231 acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas referentes a la convergencia regional; derecho humano a la alimentación; internacionalización y economía productiva; mujer, familia y generación; ordenamiento del territorio; y seguridad humana y justicia socia han sido transformados de forma y de fondo en el PND, además de la eliminación de 3 los artículos mencionados anteriormente.
Algunas reacciones, como la negación del presidente del Senado de la República, Roy Barreras, generan desconcierto e incomodidad frente a la situación, lo que ha llegado a considerar 3 escenarios de presión para el cumplimiento de los acuerdos: el legislativo, el jurídico y la movilización nacional.
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