El informe de NiñezYa denuncia que “la política pública sobre desplazamiento forzado carece de un enfoque integral y de atención diferencial para ellos, con lo cual los niños han sido invisibles a la respuesta del Estado”.
Alejandro Gamboa, presidente ejecutivo de la Fundación Plan, organización que hace más de 55 años trabaja por los derechos de la niñez, afirma que “no nos podemos contentar porque unas mayorías están recibiendo mucha inversión y otras no”.
Por ejemplo, de los $154.164 millones que el Consejo Nacional de Política Económica y Social destinó en 2017 para la atención integral de la primera infancia, la mayoría de recursos los recibieron grandes departamentos como Antioquia y Córdoba, mientras que Vaupés y Guainía no alcanzaron a recibir ni el uno por ciento del total del dinero.
El informe presupuestal de la política pública dirigida a la población víctima del desplazamiento forzado 2016-2017 muestra que el presupuesto del año pasado fue de $11,2 billones de pesos, 1,4 billones más que en 2016. Dentro del criterio de programación de dichos recursos, los niños están catalogados como una población de alta vulnerabilidad.
Pese a esto, las organizaciones defienden su postura al decir que no basta solo con invertir dinero, sino que parte de estos recursos deben tener una distribución diferencial para los menores. “Nosotros abogamos porque el cien por ciento de los 15 millones de niños que hay en el país tengan el total de la inversión, así eso implique reformar la realidad”, puntualiza Gamboa.
Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-trabajo-pendiente-con-los-ninos-victimas-del-conflicto-armado-203188
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