La deserción, la carencia de enfoque regional de las politicas educativas y la insuficiencia del Ministerio de Educación Nacional para expandir la cobertura educativa en todas las regiones, son las principales problematicas que hacen a Colombia un país rezagado en el cumplimiento del proposito de transformar el mundo con la educación.
Según datos del Consejo Privado de Competitividad de 2021, solo el 78% de los estudiantes en la educación básica y media y 60 % de los estudiantes en educación superior regresaron a la presencialidad después de la pandemia. Adicionalmente, entre 2019 y 2020 la inasistencia escolar pasó de 2,7 % a 16,4 % . En el área rural, el indicador pasó de 4,6 % a 30,1 %, mientras que, en el área urbana, de 2,1 % a 12,4 %. Las tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media en 2020 fueron 89 %, 79 % y 47 %. Esto representa una brecha de 10, 18 y 46 puntos porcentuales con respecto al promedio de la OCDE (FND, 2022).
De acuerdo con el informe de Competitividad uno de los retos más importantes que debe enfrentar el país es el fortalecimiento del Estado y la Nación en la creación de políticas que permitan disminuir las enormes brechas que aun se viven en el campo educativo buscando mejorar los indices de deserción escolar, el aumento de la cobertura y la educación de calidad.
En este sentido, el informe de Competitividad presenta algunas recomendaciones para el plan de desarrollo, los cuales han sido retomados por el Ministro de Eduación Alejandro Gaviria, como por ejemplo: La universalización de la educación preescolar integral, la implementación de la jornada única en la educación básica y media, desarrollar una estrategia integral para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior, fortalecer los mecanismos de evaluación docente para que sus resultados sean insumo en el mejoramiento continuo de su desempeño en aula. y replantear el sistema de financiamiento y sostenibilidad de la educación pública. .
Respecto a la última recomendación, el Ministerio de Educación indica que los recursos para educación del Sistema General de Participaciones corresponden a un presupuesto de 49,2 billones para 2022, siendo este el más alto en la historia. No obstante estos recursos han resultado insuficientes para financiar todas las necesidades del sector educativo en las regiones y a pesar que la ley plantea un mecanismo de financiación integral, donde el gobierno nacional y las entidades territoriales aportan recursos, la desproporción cada día es mayor y se ha convertido en una tendencia.
Sumado a ello, los recursos de regalías también han tomado un papel importante en la financiación dela educación en algunos territorios, en especial para garantizar la operación del programa de alimentación escolar PAE. Sin embargo, la educaación no debería estar siendo financiada por una fuenre de recursos temporal y fluctuante por su condicionamiento a la producción y explotación de recursos naturales. Por ello es indispensable que la educación recupere su lugar central en las políticas públicas como un determinante estructural para el desarrollo social de los territorios.
"Las Gobernaciones están asumiendo competencias que anteriormente tenía el gobierno central, especialmente el ICBF, generando mayores costos a los departamentos y dispersión de acciones. Recaen en las regiones asuntos como: responsabilidad penal para adolescentes; protección integral para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones (violencia sexual, maltrato infantil, explotación sexual, reclutamiento forzado, uso y utilización, migrantes, desplazados, en situación de discapacidad, minas antipersonal, situación de calle, trabajo infantil); atención integral a la primera infancia, que incluye el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil; y el fortalecimiento familiar, entre otros" Jaramillo Pablo, 2022.
Lo anterior pone en evidencia falencias en el modelo de descentralización del país, si bien existe autonomía en las competencias de los Departamentos y municipios. Todos ellos requieren fortalecimiento en estas apacidades territoriales específicas, además de la asignación apropiada de recursos de la nación para su cumplimiento, pues a la fecha esta asignación ha sido ineficiente y solo ha permitido cubrir los gastos indispensables.
Por otra parte, en los últimos años la cobertura de la educación superior pasó de 39,4 % en 2010 a 54,4 % en 2017, lo que equivale a un crecimiento anual acumulado de 5,3 % en el número de estudiantes matriculados. Sin embargo, la cobertura empezó a disminuir de manera sostenida desde entonces hasta ubicarse en 51,6 % en 2020. Esto representa una disminución de 100.157 estudiantes matriculados entre 2017 y 2020 (Consejo Privado de Competitividad, 2022).
En resumen y luego de hacer un recuento de las problematicas del sector educativo en el país, es importante propiciar el enfoque territorial de la educación para mejorar la calidad, que permita atender las necesidades de las regiones de manera diferencial.
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