17 de julio de 2024
Un grupo de asociaciones del sector salud que se autodefine “Junta Médica Nacional” se pronunció para rechazar el proyecto de reforma a la salud que propusieron desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. En cambio, manifestaron su respaldo al proyecto que se prepara desde el Gobierno.
La Junta Médica Nacional (JMN), que agrupa a diferentes asociaciones del sector salud, se pronunció sobre dos proyectos de ley que irán al Congreso para reformar el sistema de salud en Colombia. En resumen, rechazaron el proyecto presentado hoy por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que lidera a un grupo de 21 organizaciones reunidas en un grupo llamado “Acuerdo Fundamentales”, y manifestaron su respaldo a lo que se conoce hasta ahora del proyecto del Gobierno. Dentro de las organizaciones que firman este pronunciamiento, se encuentran la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Salud Pública y el Colegio Médico de Bogotá. Sus reparos con el proyecto de ACSC tienen que ver con el rol que tendrían las EPS y la forma en la que se manejarían las finanzas del sistema.
Como había anticipado El Espectador hace una semana en este artículo, los dos proyectos a los que se refiere el comunicado de la Junta Médica Nacional plantean un articulado de 48 puntos, en los que tocan ejes similares: atención primaria, transformación de las EPS en Gestoras y financiamiento del sistema. Sin embargo, la dirección en la que apuntan estos proyectos varía. El de la ACSC plantea que las EPS desaparezcan, tal como las conocemos, para convertirse en Gestoras de Salud, una figura en la que se harían cargo de la organización y la gestión de las atenciones dentro del sistema de salud.
El desacuerdo frente a este punto, según manifiesta el comunicado de la JMN, tiene que ver con que bajo esta figura no tendrían a su cargo la gestión del riesgo financiero del sistema de salud, algo que elimina el respaldo que existe actualmente, que implica que las EPS deben responder con su patrimonio por las finanzas del sistema. “En otras palabras, las EPS continuarían manejando los recursos de la salud, pero en caso de déficit financiero, deberán responder el Estado y todos los colombianos”, explicó la JMN.
Aunque en ese proyecto de reforma las Gestoras no estarían a cargo de pagar directamente a los hospitales y clínicas, sí habría un intermediario, que tendría una junta conformada por las IPS y que definiría el destino de los recursos en cada red de prestadores que se conforme.
Otros puntos de desacuerdo con el proyecto de la ACSC tienen que ver con las condiciones de contratación de los profesionales de la salud que se plantean, pues consideran que la propuesta formaliza tipos de contrato “con los que históricamente se ha explotado y vulnerado los derechos de los trabajadores de salud”, dijo la JMN.
También hay un desacuerdo en el rol que tendría una nueva figura del sistema: el Consejo Nacional de Salud. Para la ACSC, este organismo debería tener a su cargo el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la plata que le da el Estado a las EPS por cada usuario afiliado para cubrir el Plan Básico de Salud. Sin embargo, la JMN considera que esto es “inconstitucional”, pues aseguran que la ley dicta que estas facultades le corresponden al Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, por lo que habría que plantear una reforma constitucional para cambiarlo. Además, no están de acuerdo con las modificaciones que se plantean a las funciones de la Superintendencia de Salud al momento de realizar procesos de intervención a actores del sistema.
Finalmente, la JMN manifestó que “la propuesta que ha venido discutiendo el Gobierno Nacional y conocida hasta ahora, ha logrado consensos con las EPS y los gremios, y contiene los elementos centrales de lo que debe ser una verdadera reforma estructural que materialice y garantice este derecho (el de la salud)”.
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