12 de mayo 2021
En tal sentido deben actuar el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo
En la tarde de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio a conocer un comunicado en el que le ordenó al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo "adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui".
La decisión la adoptó la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, con el objetivo de "evitar y prevenir violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", de esta comunidad de Guaquirá, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo.
De acuerdo con esta justicia, la Sala le ordenó específicamente a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) "evaluar los riesgos y proceder a decretar una alerta temprana y/o la actuación correspondiente que proteja a los miembros de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP)".
De igual forma, se informó que la Sala "ordenó" que se comunicara la resolución al Defensor del Pueblo regional del Putumayo, para que ( mediante la gestión directa y en los términos de la Ley 24 de 1992), realice de manera "inmediata los actos urgentes ante las autoridades civiles y militares del departamento, con el fin de que se activen los mecanismos de protección y prevención de la población civil señalada que está en riesgo".
Señaló la JEP en su comunicado que tanto el SAT como la oficina regional de la Defensoría deberán informar de manera periódica sobre sus avances, así como de los eventuales documentos de advertencia que se emitan y las demás actuaciones orientadas a conjurar la situación de riesgo.
Según la UIA, "el contacto con la comunidad de Guaquirá en este momento es imposible, su territorio ha sido minado, la señal de internet y telefónica están afectadas, todo esto por el accionar de grupos armados ilegales", destacó la JEP.
Al ministerio del Interior, particularmente a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), la JEP le ordenó que adopte los actos urgentes necesarios para proteger a los miembros de esta comunidad indígena.
Y, finalmente, solicitó remitir la decisión a la Dirección de Fiscalías del Putumayo, para que conforme a sus competencias asuma la investigación penal correspondiente.
“Las autoridades con responsabilidades en materializar las obligaciones nacionales e internacionales contraídas por el Estado derivadas del “deber de prevención”, deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para la salvaguarda de los derechos humanos de las comunidades en riesgo, así como aquellas que garanticen el ejercicio de las tareas misionales de todas las autoridades, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz”, dispuso la Sala.
Fuente: El Tiempo
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