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Gobierno radica ante la Comisión Séptima del Senado el aval fiscal del Ministerio de Hacienda a la reforma a la salud: el SGP será uno de los pilares financieros
- boletin028
- 12 nov
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que la reforma al sistema de salud cuenta con aval fiscal, requisito indispensable para su trámite legislativo, tras determinar que el impacto económico del proyecto puede asumirse sin afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El concepto fue formalizado mediante el oficio No. 2-2025-050293 del 20 de agosto de 2025, dirigido al presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto Hernández, y suscrito por el viceministro técnico (e), Leonardo Arturo Pazos Galindo. En dicho documento, el Ministerio concluye que “el impacto fiscal del proyecto se integra de manera coherente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, garantizando la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las cuentas públicas”.
Este análisis, elaborado conforme al artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se basó en la información técnica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), que proyecta la transformación del actual modelo hacia un Sistema de Aseguramiento Social en Salud, con énfasis en atención primaria, reorganización de los recursos financieros y formalización del talento humano.
Desde el punto de vista financiero, Hacienda evaluó los principales componentes de la reforma: la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), la conformación de Equipos de Salud Territorial, la sustitución de las EPS por Gestoras de Salud y Vida y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. El gasto del sistema pasaría de $109,9 billones en 2026 a $180,4 billones en 2036, representando un incremento del 5,88 % al 7,28 % del PIB.
En materia de recursos, el Ministerio destacó cuatro pilares de sostenibilidad:
Cotizaciones de los afiliados.
Aportes de la Nación.
Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en salud, que seguirán siendo una fuente esencial de cofinanciación territorial.
Otras fuentes complementarias, entre ellas el 100 % de los impuestos saludables (a bebidas y alimentos ultraprocesados) y el 0,5 % del IVA social.
El documento resalta que el SGP continuará garantizando la equidad en la distribución de recursos entre las entidades territoriales, asegurando el flujo financiero hacia los niveles locales y departamentales del sistema. Según las proyecciones, los nuevos ingresos —particularmente los provenientes de los impuestos saludables— aportarían más de $2,9 billones en 2026, con un aumento progresivo hasta $4 billones en 2036.
En términos generales, Hacienda proyecta un superávit fiscal creciente, pasando de $2,6 billones en 2026 a $11,2 billones en 2036, sustentado en el aumento de los ingresos y en la eficiencia del gasto.
El informe también aborda el compromiso del Gobierno con el saneamiento financiero del sector, incluyendo el pago de pasivos de las Empresas Sociales del Estado (ESE), su conversión en Instituciones de Salud del Estado (ISE), y el uso temporal de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), de saldos de cuentas maestras y de excedentes del sector salud, mecanismos que permitirán aliviar deudas superiores a $4 billones sin rigideces presupuestales.
Asimismo, el Ministerio advierte sobre la importancia de acompañar la implementación con medidas de planeación y disciplina fiscal, especialmente en la reorganización institucional y la formalización laboral del personal sanitario.
Finalmente, Hacienda precisó que las proyecciones podrán ajustarse tras la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, el cual modificó la fórmula de distribución del SGP, pero aclaró que dichos ajustes no comprometen la viabilidad del proyecto.
Por tanto, el aval fiscal favorable del Ministerio de Hacienda ratifica que la reforma a la salud es sostenible, asegurando que su ejecución podrá financiarse sin afectar el equilibrio del Sistema General de Participaciones ni las finanzas del Estado, reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del derecho a la salud y la atención primaria en todo el país.
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