De acuerdo con el Gobierno, este PMU hará una evaluación permanente del modelo de salud en el territorio.
Abril 10 de 2024
Para garantizar el derecho a la salud, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado. Estará conformado por interventores, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y quien los liderará, el Ministerio de Salud y Protección Social. Con esto se busca garantizar la participación de los usuarios y velar por que las EPS no dejen de prestar sus servicios. También, se abrirán diferentes entes de control para la vigilancia de los recursos y el goce efectivo de los derechos de los usuarios. Para el Gobierno es una prioridad "poner en marcha un modelo preventivo y predictivo que beneficie a toda la población colombiana", por lo cual el PMU debe evaluar permanentemente el modelo de salud.
Esto se da a conocer en medio de lo que los expertos han llamado "la crisis del sector de la salud". Pues en poco tiempo se ha presentado primero, el hundimiento en la Comisión Séptima del Senado del proyecto de Ley para reformar la salud. Segundo, la intervención a dos de las EPS más grandes del país, por parte de la Supersalud, con lo que más de 26 millones de usuarios quedan a cargo del Estado. Por último, ante la incertidumbre en el sector, Compensar EPS solicitó a la Supersalud la liquidación total a causa de la crisis financiera que afronta un déficit fiscal estimado por la Anif en 9,6 billones, considerada la crisis más profunda en 30 años en salud.
Analistas explican que el hueco financiero deriva de factores internos como: el mal cálculo de la Unidad de Pago de Capacitación (UPC) lo que causó un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), deudas atrasadas del Estado al sistema y factores externos como: la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, entre otros.
Las EPS han insistido que los recursos que financian el plan de beneficios no son suficientes, a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad. Esto ha sido corroborado por varios estudios dejando ver que la situación se ha agudizado durante y después de la pandemia. La Anif aseguró hoy que la situación financiera de la EPS es el reflejo de un manejo inadecuado de las finanzas del sistema de salud por parte del Ejecutivo. Además, genera riesgos sobre el flujo de recursos y pone en jaque el aseguramiento y goce efectivo de la salud.
"Debido a la falta de recursos, las EPS han acumulado deudas crecientes. Según los datos con corte a diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS acumulaba una deuda por servicios de salud equivalente a $1,01 billones, mientras que en el caso de Sanitas se situó en $993 mil millones. Lo anterior como consecuencia del desfinanciamiento del sistema y el aumento de costos experimentados por parte de los prestadores", explicó la entidad.
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