7 de diciembre de 2021
En Colombia invertimos poco en calidad de la educación hace años. En el año 2001 se unificó el Sistema General de Participaciones (SGP), extinguiendo el antiguo situado fiscal, con la intención de organizar los recursos que se trasladan a los entes territoriales para la prestación del servicio educativo y, según su intención, materializar la descentralización.
La fórmula del incremento de estos recursos se modificó en el 2007 y se estipuló un periodo de transición en el crecimiento adicional de 1,8 % hasta el 2016. A partir del 2017 los recursos regresarían a su mecanismo ordinario de crecimiento. Además, se estipuló que el dinero se distribuiría para (i) prestación del servicio y (ii) calidad. La primera se gira a las entidades certificadas en educación para cubrir los costos, mientras que la calidad a todos los municipios del país directamente para ser distribuida entre colegios del municipio.
Aunque parezca que es una distribución eficiente del recurso, en realidad la gran mayoría de los recursos se los consume la prestación del servicio y a calidad llega poco. La razón principal de esto es que los recursos de la primera bolsa no se incrementan según los costos operativos del sistema pero el servicio sí se incrementa por el gasto de la nómina, incrementos salariales y bonificaciones acordadas con el sindicato, además del aumento de la cobertura, el tránsito a jornada única, alimentación escolar y primera infancia, lo que genera un desequilibrio entre los costos e ingresos para responder a las necesidades del sector.
La otra bolsa de recursos, la de calidad, en teoría, está pensada para incentivar y estimular prácticas pedagógicas. No obstante, en realidad se ejecutan en el pago de servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, impresiones, seguros, entre otros elementos que indirectamente pueden incidir en la calidad, pero que se tratan de gastos de funcionamiento disfrazados de inversión en calidad.
En adición, el dinero de calidad se asigna a alcaldías que, a pesar de no ser las administradoras de los colegios, tienen la capacidad para decidir en qué colegios y en qué cantidad se distribuye el dinero. Esto puede ser un mecanismo perverso que no genera una distribución equitativa de recursos para la calidad a las instituciones que más lo necesitan.
El SGP exige una reforma estructural hace cinco años para afrontar la reducción de recursos adicionales con ocasión de la fórmula de distribución, modificar los rubros, fuentes y usos permitidos para los recursos y generar estrategias de participación directa de los colegios en los recursos de calidad para generar una real descentralización que motive mejoras a la calidad. Sin embargo, en el Congreso de la República parecen considerar que la prohibición del uso del celular o nuevas cátedras son los eslabones perdidos de la calidad, mientras evaden su participación en la Comisión Tripartita que se ha acordado tres veces con el sindicato para la reforma al SGP y omiten asuntos estructurales como estos. Se avecinan las elecciones en el 2022 y vale la pena preguntarse: ¿elegiremos a personas que conozcan y debatan de verdad los temas estructurales de educación o seguiremos con pañitos de agua tibia?
Fuente; La silla vacia.
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