El Consejo de Estado condenó al Estado Colombiano por no haber prevenido el desplazamiento forzado contra 405 miembros del pueblo indígena Wounaan hace siete años. El Estado deberá entregar $20.000 millones al Fondo para Protección de los Derechos Colectivos para reparar a este pueblo.
Según el alto tribunal, el Estado también incumplió en entregarles medidas de atención que les permitieran una vida digna durante su desplazamiento desde la cuenca baja del río San Juan, en Chocó y Valle, hacia Buenaventura, ni unas condiciones que permitieran su retorno.
El Consejo de Estado ordenó que se repare con 20.520 salarios mínimos mensuales vigentes a los indígenas Wounaan que fueron desplazados de los resguardos de Chachajo, Chamapurro y Aguaclara. Este pago debe ser realizado por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, el Distrito de Buenaventura y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv). Además, los condenados deberán ofrecer excusas públicamente a los indígenas afectados.
La decisión se dio gracias a una demanda de acción de grupo que presentó un abogado representante de las comunidades de Aguaclara, Chamapurro y Chachajo. La demanda señaló que, desde 2008, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, considerando que la presencia de grupos armados constituía una amenaza para los pueblos indígenas de la zona.
Según la demanda, en presencia de miembros del pueblo Wounaan las organizaciones ilegales cometían asesinatos, extorsiones, despojo de tierras para cultivar sustancias ilícitas y mantenían en constante enfrentamiento con el Ejército. El Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones en primera instancia, pues consideró que la presencia del Ejército en la zona del desplazamiento y las pruebas presentadas por la Defensoría del Pueblo sobre las ayudas que habrían recibido las comunidades eran suficientes para exculpar al Estado. Sin embargo, la decisión fue apelada ante el Consejo de Estado.
Por lo cual, el Consejo de Estado determinó que las Entidades Estatales sí fueron responsables del daño que sufrieron las víctimas por su desplazamiento forzado. Esto debido a la falta de atención que sufrieron al huir de sus tierras y la inacción de las instituciones a la hora de gestionar un retorno seguro de los aborígenes. La sala encontró que el bajo San Juan, a pesar de cultivar un lazo ancestral entre el pueblo Wounaan y la tierra, ha sido un lugar azotado por el abandono del Estado.
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