El Decreto 1085 de 2023 declara el estado de emergencia económica, social y económica en el departamento de la Guajira ubicado en el norte de Colombia, se enfrenta una grave crisis humanitaria que dificulta el acceso a servicios básicos vitales como agua potable, alimentos, atención médica, infraestructura y educación.
Con el propósito de mejorar la prestación del servicio educativo en respuesta a la grave crisis humanitaria en La Guajira, es necesario implementar medidas legislativas que agilicen la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de la educación, especialmente en el área de la etnoeducación. Se evaluarán políticas y programas relacionados con infraestructura, recursos e inversión, alimentación, agua potable, herramientas tecnológicas, transporte escolar, calidad y cantidad de educadores con enfoque diferencial, para determinar las medidas necesarias que contribuyan a superar la situación de crisis en el sector educativo.
En este sentido, es imperativo tomar medidas en el territorio para ampliar la prestación del Programa de Alimentación Escolar, incluso durante los períodos de receso académico, como un mecanismo inmediato que contribuye al bienestar, la permanencia y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el sistema educativo oficial.
En La Guajira, la población en 2023 es de 1.038.397 habitantes, de los cuales 396.511 son niños y adolescentes. Algunos de ellos están siendo atendidos por el ICBF o el Ministerio de Educación Nacional, pero otros aún no han recibido atención. Se están tomando acciones para atender a los niños y niñas en riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, y se continúa buscando a aquellos que aún no han sido localizados.
La corte adoptó medidas inmediatas para garantizar el disfrute efectivo de estos derechos, que debían ser implementadas por el poder ejecutivo. El Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH visitó Colombia y reconoció los esfuerzos realizados por el estado, pero concluyó que se necesitan medidas urgentes para proteger a las comunidades de La Guajira, especialmente al pueblo Wayuu y otros grupos vulnerables.
Durante una sesión en las comunidades, la Directora del ICBF reconoció problemas en los programas relacionados con la universalización, suficiencia y continuidad. En una visita a la comunidad de Parrantial, los representantes manifestaron su descontento y cansancio por la falta de soluciones y medidas efectivas.
Para garantizar una provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios, las entidades a nivel nacional y territorial deben formular y ejecutar programas y proyectos coordinados por el Departamento Nacional de Planeación. Además, se deben implementar medidas excepcionales en la planificación territorial para mitigar la crisis humanitaria. Finalmente, el gobierno debe facilitar la ejecución de los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la Emergencia, y las entidades a nivel nacional y territorial pueden recurrir a la contratación directa para garantizar una respuesta adecuada y efectiva.
Por estas razones, se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural, por un período de treinta (30) días, a partir de la entrada en vigor del decreto. En el cual, el Gobierno nacional ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones establecidas en el artículo 215 de la Constitución Política, en la Ley 137 de 1994 y en otras disposiciones pertinentes para hacer frente a la crisis. Por lo que, el Gobierno nacional podrá tomar todas aquellas medidas adicionales necesarias para enfrentar la crisis y evitar la propagación de sus efectos. También tomará las acciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo estas medidas.
Fuente: https://consultorsalud.com/estado-de-emergencia-en-la-guajira-decreto-1085-de-2023/
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