¿Dónde se pierden los recursos de la salud en Colombia?
- boletin028
- 28 feb
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En menos de cuatro años, un conglomerado de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) se ha expandido en el país. Este grupo tiene como empresa matriz una entidad registrada en España, pero cuyo propietario es otra empresa de papel. Se ha identificado que estas IPS han recibido grandes sumas de dinero en los últimos dos años por parte de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), en especial bajo la influencia de Mario Urán. Esto ha generado un flujo de recursos que ha beneficiado a estas entidades privadas mientras que los hospitales públicos han visto reducidos sus ingresos, afectando su operación.
Entre las IPS se encuentran:
Bienestar IPS
Avidanti S.A.S.
Eve Distribuciones S.A.S.
Organización Clínica General del Norte
Centro de Cirugía Ambulatoria IPS
Angiografía de Colombia
Diacor Soacha
Oncólogos de Occidente
Unión de Cirujanos
Centro de Cancerología de Boyacá
Sociedad de Radio Oncología Boyacá
Clínica Chía
Clínica Avidanti Armenia
Helpharma
Ronelly S.A.S.
Clínica Blas de Leso
Inverclínicas
Sociedad San José de Torices
Estas empresas privadas eran tan afortunadas que mientras la EPS Coosalud hacía pagos mínimos de sus deudas a hospitales y centros de atención públicos, las antes señaladas no solo lograban que la EPS cubriera casi la totalidad de sus deudas, sino que además recibían anticipos de los recursos de la salud. Este hecho les permitía estar en una holgada situación financiera en contraste con otros centros asistenciales públicos y privados.
Hacia finales de 2024, el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, informó al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la distribución de los recursos de la salud. En su reporte, señaló que algunas EPS, como Coosalud y otras bajo intervención de la Superintendencia, podrían estar desviando fondos a través de diversas IPS vinculadas al grupo empresarial investigado. Poco después de hacer estas denuncias, Leal fue removido de su cargo, lo que generó interrogantes sobre los motivos de su destitución y la posible influencia de intereses privados en la administración del sistema de salud.
Este esquema de desvío de recursos ha impactado significativamente la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Mientras que algunas IPS reciben grandes sumas de dinero, muchas instituciones públicas han reportado dificultades para operar debido a la falta de financiamiento. Ya que, la mayoría de recursos terminaron llegando a una misma cuenta y a una misma compañía que no tiene sede en Colombia, sino en España esta empresa se trata de Venum Investments 2020 SL. Venum Investments es una empresa de papel constituida, según el boletín oficial del registro mercantil de España, el 23 de julio del 2020 y con un capital de 3.000 euros (es decir unos 12 millones de pesos de ese año).
Este caso no es el primero en el que se denuncian irregularidades en el sistema de salud colombiano, ya que,el grupo Venum ha concentrado inversiones en el Eje Cafetero y ha adquirido importantes IPS, incluyendo Clínica Chía, Organización Clínica General del Norte y Oncólogos de Occidente, vinculadas al antiguo sistema de salud del magisterio. Tras la elección de Gustavo Petro en 2022, realizó sus mayores adquisiciones, a pesar de la crisis en el sector. En diciembre de 2023, la Fiduprevisora firmó irregularmente un contrato por 1,6 billones de pesos con Uniones Temporales de salud, aprobado por Daniela Andrade, pareja de Jaime Ramírez Cobo, ambos cercanos a Laura y Andrés Sarabia. Óscar Ibáñez, abogado de Dilian Francisca Toro, gestionó el millonario pago, mientras que los recursos fueron canalizados hacia España, Uruguay y paraísos fiscales como Islas Caimán, a través del fondo Patria Investments.
El ex presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín, pieza clave del nuevo modelo de salud del magisterio, amplió los contratistas de 10 a más de 2.000, manejando un presupuesto de 12 billones de pesos. A través de 500.000 millones de pesos, se liquidaron IPS cercanas a Marín y al Partido de La U, como RedVital, Sumimedical, Medicina Integral y Foscal, pactando comisiones del 7%. Se señala que Laura Sarabia y políticos de La U se beneficiaron económicamente, y Marín habría construido una mansión en Armenia con los recursos desviados. La denuncia del superintendente Leal ante la Fiscalía por estas irregularidades ocurrió tres días antes de su destitución, lo que refuerza las sospechas de corrupción dentro del entramado financiero y político.
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