Descentralización fiscal: expertos piden autonomía real, capacidades técnicas y redistribución equitativa de competencias
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En la tercera edición del foro Ruta Regiones: un desafío por la descentralización, organizado por Prisa Media en la ciudad de Bucaramanga, representantes del Gobierno Nacional, líderes gremiales, académicos y autoridades territoriales se dieron cita para discutir la urgencia de una transformación estructural del modelo fiscal colombiano. En el centro del debate estuvieron tres ejes fundamentales: la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la definición de competencias territoriales mediante una nueva Ley, y la necesidad de una verdadera autonomía fiscal con equidad y sostenibilidad.
Los participantes coincidieron en que la descentralización no puede continuar siendo una promesa postergada. Se trata, afirmaron, de una tarea estratégica que debe garantizar a los entes territoriales herramientas financieras y técnicas reales para asumir responsabilidades, cerrar brechas y responder a las necesidades de sus comunidades con eficacia. La propuesta legislativa que se prepara en el marco de la Ley de Competencias, actualmente en fase de redacción, fue señalada como una oportunidad histórica para reconfigurar el equilibrio entre nación y territorios, y corregir las fallas estructurales del actual esquema de transferencias.
Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), advirtió que, pese al aumento de las transferencias del SGP del 23 % al 39,5 % del presupuesto nacional entre 2012 y 2024, los departamentos han dejado de recibir más de 200 billones de pesos debido a sucesivas reformas. Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, subrayó que el país atraviesa una crisis fiscal profunda que exige rediseñar el sistema tributario para fortalecer la formalización, la justicia fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos.
Uno de los puntos críticos del foro fue el desajuste entre las competencias transferidas y la capacidad real de los gobiernos locales para asumirlas. Se advirtió que, si la Ley de Competencias no contempla fuentes de financiación claras, mecanismos de asistencia técnica y criterios de priorización territorial, existe el riesgo de agravar las desigualdades regionales y comprometer la calidad de los servicios públicos. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ejemplificó esta situación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde las entidades territoriales deben cubrir más del 80 % de los costos sin acompañamiento suficiente por parte del nivel central.
Asimismo, se insistió en que la descentralización debe ir acompañada de procesos de fortalecimiento institucional y rendición de cuentas, especialmente en municipios con baja capacidad de gestión. La directora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, Ángela María Penagos, señaló que las regiones con autonomía bien estructurada logran atraer inversión y responder con mayor agilidad a las demandas sociales, siempre que cuenten con mecanismos de control y transparencia.
Desde la experiencia internacional, el exalcalde alemán Rainer Stolz presentó el modelo federal de su país como un ejemplo de descentralización operativa con responsabilidades claras y herramientas de gestión desde lo local. Este modelo, basado en la confianza ciudadana, el equilibrio institucional y la financiación mixta, refuerza la tesis de que la proximidad al ciudadano debe ir de la mano de una mayor responsabilidad.
En conclusión, los asistentes enfatizaron que Colombia necesita una descentralización responsable, planificada y sostenible, que se traduzca en autonomía con capacidades reales. La articulación entre la reforma tributaria, la ley de competencias y el rediseño del SGP debe orientar un nuevo modelo territorial, donde el poder público se construya desde los territorios, garantizando desarrollo, equidad y legitimidad democrática.
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