Septiembre 10 de 2021
Los proyectos para atender a la población más vulnerable en programas de salud pública y en la prestación de estos servicios en Santa Marta se ven truncados por el embargo de 15 cuentas del Distrito, que demuestra de manera clara y categórica un plan para acabar con un Gobierno que viene liderando cambios, llevándose por delante a los sectores sociales como los niños, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, los más afectados.
Los proyectos para beneficio de la población en situación de vulnerabilidad no se han podido ejecutar debido al embargo de 15 cuentas del Distrito de Santa Marta por parte del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.
Estas podrían ser posibles decisiones políticas equivocadas, tomadas desde Bogotá con el beneplácito del Gobierno Nacional, que no solo afectan negativamente las finanzas de la Ciudad, sino que además dejan desprotegidos a las comunidades más necesitadas.
Según informe de la Secretaría de Salud, los bancos han entregado la suma de $24.840 millones de pesos, en títulos judiciales.
Lo peor de este caso es que se están cobrando las mismas deudas que ya se embargaron y se cobraron en 2020, como es el caso de los $12.937 millones, y que dicha supuesta deuda obedece a la atención a la población migrante venezolana
“Estos embargos nos dejan sin la posibilidad de atender a las poblaciones más vulnerables del Distrito y sin ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023: “Santa Marta corazón del cambio”, que lidera la alcaldesa Virna Jhonson”, explicó el Secretario de Hacienda, Ricardo Rago.
Las cuentas embargadas son las del recaudo de los impuestos, que son recursos propios, y de manera antijurídica también se encuentran en la misma situación cuentas inembargables por Ley, como las de Sistema General de Participación, y las de destinación específica como por citar algunas.
Los recursos que financian la salud son inembargables y va en contra de la ley y de la Constitución Política de Colombia señalado en el art. 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. Estos no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente.
De igual forma la Corte Constitucional se ha referido en varias de sus providencias a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinación específica de los mismos en especial en la sentencia C-1154 de 2008, en la cual concluyo la sala que: “(…) la prohibición de embargo de recursos del SGP está amparada por el artículo 63 de la carta política, que autoriza al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables”.
“Realmente esto es una afrenta política que nos quieren hacer a los gobiernos progresistas, perjudicando al Distrito de Santa Marta, a través de Supersalud, entidad que cumple dos años de haberse apropiado de la ESE Alejandro Próspero Reverend, así como del Hospital Julio Méndez Barreneche”, indicó el Secretario de Hacienda.
La ESE debió haber sido devuelta hace más de un año, y la comunidad sigue denunciando los malos manejos administrativos y detrimentos de los gerentes interventores.
Se afectan por una parte los proyectos para atender a la población más vulnerable en programas de salud pública y en la prestación de estos servicios. Por otro lado, aquellos que se financian con la Tasa Pro-deporte, Pro-Cultura, Adulto Mayor, la que incentiva el aprovechamiento de los residuos sólidos, la de prevención de accidentes de tránsito.
Cabe precisar que se habían embargado las cuentas del Sistema General de Participación para Salud y otras; por esta razón, los proyectos que ya están para ejecutarse se encuentran bloqueados.
La cuenta de la reciente creada Tasa pro-Deporte, que va dirigida a los miles de deportistas del Distrito; también se encuentran con embargos, como también las que benefician el programa de Adulto Mayor, las que vienen de los recursos de tránsito, la de la estampilla pro-cultura, etc.
Explicó el Secretario de Hacienda que a pesar de este panorama, en estos momentos el Distrito estudia por qué fuentes se pueden financiar y que tiene que ver con la salud, así como a los dirigidos a la población más vulnerable del Distrito, iniciativas que se encuentran establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023.
Embargan sin mediación y revisión
“Embargan las cuentas al Distrito sin ningún tipo de mediación y ni siquiera de haber hecho una revisión de las cuentas o glosas, que son los valores que no se deben cobrar debido a que legalmente no están soportados; pero lo más inexplicable de estos hechos es que están cobrando dos veces los mismos conceptos y los supuestos pacientes extranjeros atendidos, puesto que en el año 2020 se llevaron mucho más del dinero que cobraron en la sentencia, todo para que no podamos desarrollar los proyectos y programas dirigidos a la población más vulnerable de Santa Marta”.
El Secretario de Hacienda explicó que los procedimientos los hacen mediante jurisdicción coactiva, donde la misma entidad, en este caso el Hospital actúa como juez, siendo la primera instancia el subgerente administrativo y financiero; además, que tiene como segunda instancia el gerente, en este caso el cuestionado interventor Luis Oscar Gálvez Mateus.
“Es una realidad que se configura de esta forma un plan sistemático para acabar con un marcado afán político a los que apoyan estos hechos y a quienes no les importa que se lleven por delante a la gente, a sectores sociales como los niños, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, que son los más afectados, porque realmente esto no es un ataque contra la alcaldesa ni contra el Gobernador, sino que es un ataque directo al pueblo”, precisó.
El gerente interventor investigado y señalado
Luis Oscar Gálvez Mateus Gálvez Mateus, fue cuestionado por la Procuraduría General de la Nación, por el mal manejo que le dio al Hospital Departamental de Villavicencio en el 2019, afirmando en ese entonces el procurador Fernando Carrillo que “la intervención no sirvió para nada” ya que encontró irregularidades en las modificaciones al estatuto interno de contratación.
Para el 2020, se conoció el proceso de extinción de dominio en su contra, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La Unidad de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el lavado de activos, impuso medida cautelar contra los predios de propiedad del actual Gerente Interventor del Hospital Julio Méndez Barreneche.
Las extralimitaciones de los embargos
Según Rago Murillo es un hecho claramente político, que busca desfinanciar al Distrito para que no pueda invertir en su modelo de desarrollo alternativo, cobrando hasta tres veces la misma deuda.
“Los embargos, son soportados bajo una decisión del mismo hospital quien actúa como Juez y Parte comenzaron en el 2020, donde alcanzaron los $5.290 millones; y a pesar de ello, terminaron apropiándose, de forma irregular de $8.730, lo que claramente es una extralimitación”, aseguró el Secretario de Hacienda.
Para la vigencia 2021, impusieron una medida de embargo por $29.698 millones, en donde la deuda solo alcanza los $12.937 millones; sin embargo, se embargan el doble de la deuda $25.874 millones más unos intereses por valor de por $3.824, lo cual toma como límite de embargo $29.698.
Comments