26 de Abril de 2021
La Procuraduría presentó una tutela en representación de La Sardina y Río Alto San Juan, debido a las demoras irrazonables para su constitución legal. La orden fue impartida por La Corte Constitucional, que amparó los derechos fundamentales de los resguardos.
La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela en representación de varias comunidades indígenas del departamento de Antioquia para que el Gobierno Nacional acelere la definición de la situación jurídica de los territorios de las etnias.
Con su acción judicial la PGN también advirtió un déficit en el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, ya que los procedimientos de clarificación para la reafirmación de la seguridad jurídica de los títulos de resguardos padecen demoras irrazonables de años y en ocasiones décadas, producto de la falta de coordinación interinstitucional. En tal sentido alertó sobre una masiva y generalizada vulneración de los derechos territoriales fundamentales de los pueblos indígenas.
La Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, estudió el asunto y encontró que, en ambos casos, existe una vulneración a los derechos fundamentales de las partes representadas, pues al momento de la interposición del amparo habían transcurrido entre tres y cuatro años desde el inicio de la actuación administrativa, sin que se hubiere resuelto tales asuntos, lo cual resulta contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales, además de una serie de consecuencias nocivas presentadas por la inoportunidad de la administración en el reconocimiento de sus derechos a la existencia como pueblos étnicos.
Así mismo, el Alto Tribunal explicó que un trámite que debería durar de 12 a 13 meses para la constitución del resguardo indígena ha tomado mucho más tiempo, lo cual termina por generar un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza la existencia física y cultural de estas comunidades. La sentencia también le ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, asesore y acompañe de manera permanente a las comunidades La Sardina y Río Alto San Juan en los trámites correspondientes a la constitución de sus resguardos.
El fallo de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la constitución de los resguardos indígenas especialmente de La Sardina del Bagre y Río Alto San Juan de Urabá en Antioquia, y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior finalizar el trámite de constitución de los resguardos indígenas en un término no superior a seis meses, además, el fallo indica “poner en marcha una estrategia inmediata de trabajo para avanzar de manera gradual y progresiva en la definición de la situación jurídica de las solicitudes de formalización de territorios étnicos, en especial, de aquellos casos donde la inseguridad territorial resulta asociada con factores de riesgo conexos y vinculados al conflicto armado y la violencia generalizada”.
Finalmente, la Corte compulsó copias de estos trámites a la Procuraduría General de la Nación para que, si lo considera pertinente, adopte las decisiones acerca de la eventual responsabilidad disciplinaria de las autoridades que intervinieron en los procesos de constitución de los resguardos indígenas.
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