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Colombia contará por primera vez con una política pública de Alimentación Escolar
- boletin028
- 2 may
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Bogotá, 29 de abril de 2025 – En un hecho sin precedentes para la educación y la garantía de derechos en Colombia, el país contará por primera vez con una política pública de alimentación escolar. Este avance representa un giro estructural en el Programa de Alimentación Escolar, que, tras más de 60 años de funcionamiento, dejará de ser una iniciativa gubernamental sujeta a los ciclos políticos y pasará a consolidarse como una política de Estado, con principios de permanencia, sostenibilidad y corresponsabilidad.
La Unidad de Alimentos para Aprender anunció oficialmente la formulación de esta política, cuyo objetivo es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público accedan de forma continua, equitativa y adecuada a un servicio de alimentación balanceada, pertinente cultural y nutricionalmente, como parte esencial de su derecho a la educación y al desarrollo integral. “Después de seis décadas, este Gobierno le deja a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado, blindándolo de vaivenes administrativos y permitiendo su continuidad a largo plazo”, expresó Sebastián Rivera, director general de la UApA.
Cinco ejes estratégicos para una política transformadora
La nueva política se estructura sobre cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer integralmente el alcance del programa:
Garantía de derechos: La alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental que contribuye al bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes. Se supera así el enfoque asistencialista para consolidar un enfoque de derechos humanos.
Financiamiento sostenible: Se establecerán mecanismos financieros con enfoque de largo plazo, con participación de la Nación, las entidades territoriales y posibles aliados del sector privado y de cooperación internacional. Esto busca asegurar la continuidad operativa del PAE sin depender exclusivamente del presupuesto anual o de la voluntad política de turno.
Mejoramiento de la calidad y pertinencia nutricional: Las minutas alimentarias serán actualizadas con base en criterios técnicos y científicos, considerando las necesidades nutricionales según el ciclo vital, las condiciones territoriales, y promoviendo el uso de alimentos locales y frescos como parte de una estrategia de soberanía alimentaria.
Participación ciudadana y comunitaria: Se fortalecerán los espacios de participación de estudiantes, padres de familia, docentes y comunidades educativas en la planeación, veeduría y evaluación del servicio. Esto busca garantizar pertinencia cultural y transparencia en la operación del programa.
Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: La implementación de sistemas de seguimiento técnico y social permitirá mejorar la eficiencia en la gestión, prevenir irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Esta política responde al mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que reconoce la seguridad alimentaria y la nutrición como condiciones fundamentales para el desarrollo humano, y considera al PAE como una herramienta clave para combatir las desigualdades sociales, mejorar los aprendizajes y fomentar la permanencia escolar.
En este sentido, la UApA ha abierto canales de participación ciudadana a través de formularios en línea y redes sociales institucionales, con el propósito de recoger propuestas de todos los actores involucrados en el ecosistema alimentario y educativo, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil, entidades territoriales, sectores productivos, instituciones educativas y padres de familia.
“Esta política va mucho más allá de distribuir raciones de comida durante la jornada escolar. Estamos hablando de un modelo integral que promueve nutrición saludable, identidad territorial, economía local, sostenibilidad ambiental y construcción colectiva desde las comunidades”, agregó Rivera.
La institucionalización del PAE como política pública plantea retos importantes en materia de gestión descentralizada, fortalecimiento de la infraestructura alimentaria escolar, y capacitación del talento humano. Con esta decisión, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la infancia, la educación y el desarrollo social, sentando las bases para una transformación estructural en las condiciones de vida de millones de estudiantes colombianos.
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