11 de Noviembre de 2019
El Artículo 44 del Presupuesto General de la Nación (PGN) que señala que los recursos de la educación pública se emplearán para responder ante fallos judiciales será objetado por el gobierno del presidente Iván Duque.
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Así lo expresó durante el taller Construyendo País realizado en Barichara (Santander) el pasado sábado, en el que señaló que había quienes decían que el presidente quería “pasarles cuentas a las universidades de las deudas del Estado”. Estaban equivocados.
Por esto, indicó el presidente, “este gobierno va a objetar el artículo 44 de la Ley de Presupuesto para que no exista más esa discusión falaz”, enfatizó Duque.
Sobre la decisión, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Javier Torres Oviedo, señaló que da tranquilidad el anuncio, pues recordó que era inconveniente dejarlo tal cual había salido publicado en los últimos 14 años.
“Ese artículo, como quedó redactado y aprobado por el Congreso, es ambiguo y abierto a múltiples interpretaciones, porque dice que las demandas contra el Estado pueden ser pagadas con recursos de la educación pública”, explicó Torres Oviedo.
Desde antes
Asimismo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, desde que se dio la polémica, hace unas tres semanas, había dejado claro que el propósito del decreto no era que con el dinero de las universidades públicas se pagaran deudas ni compromisos judiciales, tal cual lo revalidó el presidente. “El propósito era que, como cualquier ente del Estado tuviéramos una cuenta que dijera el rubro para cuando acontecen demandas contra la Nación, esta pueda dar los recursos a estos pasivos contingentes asociados a estas reclamaciones”, detalló la ministra.
¿Entonces qué viene?
Lo que viene es la objeción, proceso que será durante la conciliación de la Ley del Presupuesto, que se realizará entre la Cámara de Representantes y el Senado. Allí habrá una modificación a la redacción del artículo.
Al respecto, el presidente del SUE señaló que tanto las universidades públicas como cualquier entidad del Estado, cuando proyecta sus presupuestos, “prevé recursos para sentencias judiciales” y así debe quedar claro en la nueva redacción del artículo, pues es lo que esperan los representantes de la educación pública del país.
Sobre este pulso a favor de la educación pública, Jennifer Pedraza, representante estudiantil, manifestó que es “positivo”, pero que la objeción era lo que pedía “el movimiento estudiantil y de profesores, dado que su redacción es ambigua”.
Sin embargo, recordó que aunque entre los motivos para la marcha del próximo 21 de noviembre también estaba el asunto de este artículo, la situación no cambiará, pues dijo que “los estudiantes también vamos a parar en rechazo al ‘paquetazo‘ de la Ocde y para exigir cumplimiento pleno de los acuerdos” que se alcanzaron entre este gobierno, los estudiantes y profesores de universidades públicas del país, firmado el 14 de diciembre del año pasado.
No obstante, en entrevista con EL COLOMBIANO, publicada el pasado 10 de octubre, la ministra de Educación manifestó que el balance de cumplimiento es “favorable”, destacando que desde diciembre pasado se creó la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública.
“El Plan Nacional de Desarrollo incluyó los compromisos y los recursos acordados. Se han destinado $512.452 millones adicionales del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento, inversión, pasivos y cooperativas de las 62 Instituciones de Educación Superior públicas. Además, del Sistema General de Regalías, la Educación Superior pública recibirá este año $750.000 millones para infraestructura y programas de formación doctoral”, agregó la ministra.
Tanto Angulo como Duque han hecho énfasis en que la educación, con un presupuesto de $44,1 billones para el próximo año, es el sector que más recursos recibirá, como una muestra del “compromiso del gobierno”.
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