14 diciembre de 2023
Desde dos influyentes instituciones colombianas, el Centro de Estudios Económicos Anif y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), ha surgido un análisis inquietante sobre el sistema de aseguramiento en salud. Este estudio alerta sobre un déficit fiscal significativo que asciende a $9,6 billones, impactando fuertemente el sector.
El informe destaca que el aumento de las frecuencias médicas, cambios en los patrones de enfermedades, el envejecimiento demográfico y la creciente demanda de servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, han desencadenado un desequilibrio financiero tras el impacto de la pandemia de COVID-19.
Este desfase, según el análisis, ha llevado a que el costo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se haya situado, en promedio, 1,4 puntos porcentuales por encima del aumento decretado en los últimos tres años, generando un déficit anual estimado en $2,3 billones para el año 2023. El estudio también pone énfasis en los presupuestos máximos, señalando que el traslado de fondos hacia la UPC en 2022 y el aumento presupuestario en 2023 han contribuido a un desequilibrio adicional de aproximadamente $4,3 billones.
Por otro lado, las proyecciones para el 2024 indican un empeoramiento del déficit fiscal en el sector salud. A pesar de un incremento general en el presupuesto de salud para el próximo año, se prevé una disminución del 1,2 % en la participación del rubro de aseguramiento en el presupuesto general, lo que podría elevar aún más el déficit.
El informe sugiere medidas urgentes, como un aumento del 15 % en la UPC y un 10,6 % en los Presupuestos Máximos para el 2024, lo que representa una necesidad presupuestaria de $44,6 billones, superando significativamente los $35,2 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación.
Asimismo, algunas recomendaciones que suguieren son realizar evaluaciones exhaustivas del desempeño de la UPC en años anteriores, ajustes en función de indicadores observados, así como adaptaciones en el riesgo de la UPC en relación con condiciones de salud y traslados de usuarios con carga epidemiológica. Estas propuestas buscan mitigar el impacto del déficit y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud en el país.
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