2 de junio 2022
A tan solo dos semanas de que la Procuraduría y la Defensoría solicitaran a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) socializar los avances del megaproyecto del canal del dique, las comunidades siguen alertando sobre el riesgo que corre esta bifurcación del río Magdalena de más de 100 kilómetros de extensión, donde las aguas ya superan los 7.3 metros de altura.
El canal del dique tiene múltiples amenazas ambientales que se incrementaron luego de la contingencia ocurrida en 2010, cuando el agua se desbordó y ocasionó inundaciones en el norte del Bolívar y el sur del Atlántico. Desde entonces, el Gobierno aprobó la inversión de alrededor de $3,1 billones para reestructurar el canal, cuya licitación se adjudicará el próximo 21 de julio.
Mientras tanto, las comunidades de Santa Lucía y Campo de la Cruz (Atlántico), están pidiendo a las autoridades departamentales y locales que se adopten medidas de prevención ante el inminente aumento de las precipitaciones por el fenómeno de la Niña.
En la misma línea, la Asociación de las Comunidades del Sur del Atlántico, solicitaron acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), debido al estancamiento en los canales de drenaje, lo cual ya ha llevado a inundaciones y a daños en los cultivos, así como hay temor por el mal estado de la infraestructura donde además se evidencian sedimentos y maleza.
Entre el 24 y 25 de marzo se realizaron reuniones en Santa Lucía (Atlántico) y Arjona (Bolívar) con personas que viven cerca al canal, entre ellas algunos pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas, en las que la ANI estuvo ausente.
Por ello, para mitigar el riesgo, las comunidades están instalando bolsas de arena para ganar tiempo ante la amenaza de una tragedia, ya que en el canal carreteable Santa Lucía– Villa Rosa y Santa Lucía– Calamar, el agua ya alcanzó la carretera.
Ante esto, la Procuraduría pidió a la ANI que “el personal para la obra sea del área de influencia, que les den a conocer los planes para el sostenimiento de quienes no podrán adelantar sus actividades habituales y vigilar que las esclusas y compuertas permitan el libre tránsito fluvial”.
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